El estudio es parte de un proyecto más amplio que lleva adelante el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL-Piette) dependiente del Conicet. Fue dirigido por los investigadores Juan Esquivel y Juan Marco Vaggione. Se encuestaron 102 diputados y senadores –casi un tercio del Congreso–, tomando una muestra representativa en ambas cámaras según los parámetros de edad, sexo, partido político de pertenencia y región de residencia. El relevamiento se hizo antes del último recambio legislativo, pero Esquivel explicó que no perdió vigencia dado que la renovación alcanzó sólo a un tercio del Senado y a la mitad de la Cámara de Diputados. “El estudio traza líneas de tendencia en las percepciones representativas colectivas y en los imaginarios sobre el poder religioso”, precisó.

Aunque con matices, en todos los tópicos analizados –fecundación asistida, identidad sexual, despenalización del aborto, eutanasia, adopción de hijos por parejas del mismo sexo– es “marcado el pronunciamiento individual a favor de la aprobación de legislaciones tendientes a una mayor igualación y ampliación de ciudadanía”, señaló a Página/12 Esquivel, investigador del Conicet y profesor de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, de Florencio Varela.

Un exhaustivo estudio realizado por investigadores del Conicet revela que el 60 por ciento de los legisladores se declara católico, pero la mayoría está dispuesta a votar leyes democratizadoras rechazadas por la Iglesia.

El 65 por ciento de los legisladores nacionales se declara creyente en Dios. El 60 por ciento es católico y el 46 por ciento se considera “muy religioso”. Sólo un 26 por ciento declara “no tener religión”. Pero a pesar de la impronta religiosa, en un extenso sector de senadores y diputados, la mayoría afirma que votaría a favor de los proyectos de fertilización asistida (84 por ciento), identidad de género (75 por ciento) y despenalización del aborto en las primeras doce semanas de gestación (64 por ciento), iniciativas resistidas por la jerarquía católica, cuyo tratamiento quedó pendiente para este año. Los datos –que surgen de una encuesta a diputados y senadores, realizada por un centro de estudios dependiente del Conicet, a la que accedió Página/12 en forma exclusiva– revelan las posiciones personales de los legisladores, pero no pueden ser trasladados mecánicamente a cómo votará cada uno de ellos en el recinto cuando los proyectos sean discutidos.

El juez de la Corte Suprema de Justicia volvió sobre la posible reforma constitucional y dijo que el parlamentarismo permite superar las crisis “más fácilmente y con menos trauma que el presidencialismo". La idea es auspiciada por sectores oficialistas para después de 2015.

En medio de su descanso veraniego, el juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, brindó dos entrevistas donde insistió con su defensa del sistema parlamentario.

Y dijo que “tarde o temprano vamos a pasar a un sistema parlamentario”. El juez de la Corte señaló que el parlamentarismo permite superar las crisis “más fácilmente y con menos trauma que el presidencialismo".

El Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) difundió un documento crítico sobre el Presupuesto 2012, aprobado por el Congreso de la Nación, en el que señala que se prevé que la recaudación total de impuestos nacionales ascenderá a “$668 mil millones”. El Gobierno nacional absorberá automáticamente “$505 mil millones”, o sea, “el 76% del total”. Las provincias obtendrán por coparticipación los restantes “$164 mil millones”, es decir, sólo “el 24% del total”.

El modelo fiscal solidifica “la distribución de recursos visiblemente desbalanceada” que opera, desde la última década, a favor de la Nación y en contra de las provincias.

En este sentido, la Nación seguirá acaparando tres de cada cuatro pesos que los argentinos pagan por impuestos. La paradoja es que esta situación, “indiscutiblemente dañosa para las provincias”, fue votada por una mayoría de legisladores de las provincias.